Femenicidio

Femenicidio podría alcanzar pena de 60 años de cárcel
2015 0625 | Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado presentaron una iniciativa por medio de la cual se clarifican los términos del delito de feminicidio, además de que se aumentan las penas por este delito.

En el marco legal actual, la persona que sea sentenciada como culpable de este tipo de homicidio es acreedora de una pena que va de los 30 a los 50 años de prisión, sin embargo en la propuesta presentada en la sesión del pasado jueves la sentencia aumentaría de 40 a 60 años, es decir, se llegaría hasta pena perpetua.

La propuesta, firmada por el diputado Carlos Martínez Amador, crea un capítulo concreto sobre el delito del feminicidio, en el cual se detallan las características o circunstancias que se presentan para este tipo de delitos.

Por ejemplo, se incluye que se puede considerar feminicidio cuando la agresión hacia la mujer se dé por cuestiones de celos, haya antecedentes de violencia hacia la víctima o que el victimario aproveche la relación sentimental, afectiva o de confianza entre el activo y la víctima.

También se ponen como elementos para tipificar este delito el hecho de que el cuerpo de la mujer sea expuesto en espacios públicos, que la víctima haya sido incomunicada previo a su asesinato, que se tengan registros de amenazas en su contra, y que existan datos que establezcan en la víctima, lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Resulta trascendente armonizar el delito de feminicidio al marco jurídico federal, a fin de dar claridad a la descripción legal y evitar la impunidad de un delito que daña gravemente a la sociedad”, se indica en el documento publicado en el portal del Congreso local.

Más de medio centenar de mujeres asesinadas en Puebla
Al menos 56 mujeres fueron víctimas de feminicidio y otras desaparecieron en Puebla durante 2014 debido a que las autoridades no tienen o no aplican los protocolos para investigar estos delitos, apuntó María de Lourdes Pérez Oseguera, responsable del Programa de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

La académica señaló que las omisiones de las autoridades tanto en los feminicidios como en las desapariciones "son catastróficas" para las familias, porque generalmente sí se tiene información sobre los casos pero no se les atiende.

Pérez Oseguera aseguró que de inicios de 2013 al 9 de marzo de 2015 se tienen contabilizados de manera hemerográfica 118 feminicidios, de los cuales la Procuraduría General de Justicia (PGJ) sólo reconoce una séptima parte.

"Hay que exigir a las autoridades que se documente mejor, que se tengan datos más fiables de estos delitos, porque muchos asesinatos con dolo o signos de tortura el estado no los está tipificando como feminicidio", expuso la investigadora de la Ibero Puebla.

En el Programa de Género de la institución se documentaron 18 feminicidios este 2015, 56 casos más en 2014 y otros 54 en 2013.

Otra cuestión que mencionó es que la definición de feminicidio no es clara y se puede confundir con crimen de odio por razón de género.

Por ello es importante que se explique qué se entiende por odio hacia las mujeres y se desglosen las situaciones que se pueden considerar como señales de feminicidio, como son la tortura, golpes, vejaciones sexuales, si se le despojó de la ropa o hubo antecedentes de violencia, también si el cuerpo fue maltratado, desmembrado, calcinado o abandonado en carreteras o barrancas.

"En el feminicidio cuenta el antes, el durante y el después (...) Cualquier servidor público, pero sobretodo de Salud y de Procuración de Justicia deben tener claro qué es el feminicidio", agregó la especialista.

En cuanto a las desapariciones de mujeres, que muchas terminan siendo feminicidios o casos de trata de personas, tampoco hay cifras claras por parte del gobierno del estado.

María de Lourdes Pérez expuso que se sabe más de las desapariciones por notas de los medios, por las publicaciones que giran en redes sociales, organizaciones civiles y por los familiares, que por las propias autoridades.

Esto lo atribuyó a que la desaparición no es una figura delictiva y a que existe un prejuicio por parte de los funcionarios sobre que las jóvenes o mujeres se fueron con el novio o amante.

Incluso se fija un lapso de 48 a 72 horas para que las familias puedan levantar una denuncia al respecto, esto a pesar de que aporten información sobre los riesgos que corren las poblanas.

"Si la autoridad con los datos que aportan las familias actuara de inmediato, se podría salvar una vida (...) La omisión sí es muy dañina y muy catastrófica para la familia", expuso la experta en temas de género.

Por la grave situación de feminicidios y desapariciones en Puebla, este miércoles la diputada federal Roxana Luna Porquillo presentó un punto de acuerdo para que se implemente una alerta por violencia de género en el estado.

Según la legisladora, en 2014 desaparecieron 530 poblanas y en los últimos 25 años hubo 34 mil feminicidios en todo el país, varios de ellos en la entidad.